La Ley Reguladora de las Actividades Urbanísticas de la Comunidad Valenciana (LRAU) que será sustituida por la Ley Urbanística Valenciana (LUV) ha tenido efectos no deseados, tanto es así que llegaron a la Unión Europea alrededor de 15.000 denuncias de afectados de hasta seis nacionalidades europeas, motivo por el que en mayo de 2004 y junio de 2005 la Comisión Europea acudió a Madrid y a la Comunidad Valenciana para estudiar la LRAU.

La Comisión de Investigación hizo especial hincapié en los abusos que habían sufrido los pequeños propietarios, especialmente en el apartado de las expropiaciones y de los recargos por urbanización “los propietarios de inmuebles en caso de aprobación de un Plan de Actuación Integrada están obligados a ceder el 10% como mínimo de sus bienes inmuebles al urbanizador y deben compartir los costes de las nuevas infraestructuras, cuando no es posible el pago, la solución obligatoria es la cesión del terreno”,  según lo refleja este informe.

La eurodiputada Jelly Fourtou fue la encargada de leer ante la Comisión de Peticiones el informe. Este fue demoledor y duro con la LRAU, calificó la aplicación de esta ley como de “métodos leoninos de expropiación” atendiendo a las valoraciones de las que indicaba que eran “muy bajas”, hecho que permitía “su reventa a elevados precios de mercado”.

El apartado más castigado fue el de la transparencia y el derecho a información ya que se denuncia que “las condiciones impiden que los interesados puedan reaccionar” formando a tiempo agrupaciones de interés urbanístico para defender sus intereses. Fourtou también indicó que surgían dudas en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, una de las competencias de la UE.

El mismo informe pedía que los afectados por esta ley fueran indemnizados y solicitaba al Gobierno valenciano crear una comisión que informara a la UE sobre el proceso de indemnización. Sin embargo, en el mismo documento se reconoce que la UE no tiene competencias para obligar a tales soluciones.

La Comisión fue optimista sobre la nueva Ley Urbanística Valenciana, al declarar que “celebra la decisión de la Generalitat Valenciana de definir y promulgar una nueva ley en sustitución de la LRAU, a fin de evitar las desviaciones constatadas en la aplicación de esta última”. Por último, la Comisión de Peticiones hizo una serie de recomendaciones en materia de transparencia para los contratos públicos y la información a propietarios. Rafael Blasco se comprometió a incorporar estas recomendaciones, una de ellas, ya se incluye en el artículo 117, que además de lo expuesto en el artículo anterior, refuerza los derechos de los propietarios, según un comunicado de la Conselleria de Territorio y Vivienda, que asegura que se garantiza el reembolso de las bajas que en la adjudicación de la construcción se efectúen e impidiendo que aquellas cargas de urbanización que superen el 20% se repercutan en los propietarios.