El borrador del Plan de Vivienda 2005-2008, presentado en mayo por la ministra María Antonia Trujillo a las Comunidades Autónomas, incluía la construcción de VPO accesibles para las rentas medias.

Estas medidas están destinadas a aquellos que por su renta no pueden acceder a una vivienda de protección oficial, pero que tampoco puede adquirir una de renta libre.

Se entienden por rentas medias aquellas con ingresos anuales entre 31.000 (ingresos máximos para poder adquirir una VPO convencional) y 37.000 euros, aproximadamente, suponiendo entre 5,5 y 6,5 veces el IPREM. Una de las novedades sobre estas VPO es que se endurece el plazo para poder venderlas, que se fija como límite 10 años. Una vez cumplido ese periodo el propietario podrá venderla si así lo requieren sus necesidades. Para vender la vivienda durante ese tiempo se deberá justificar adecuadamente.

Las VPO para rentas medias supondrán un 30% de las 180.000 actuaciones que tiene previsto el ministerio para viviendas protegidas.

El nuevo plan estatal de vivienda se prevé aprobar en junio, sin embargo todavía no se ha fijado ningún presupuesto.

Entre las medidas para luchar contra el fraude, entre las que se encuentran esa fecha límite de 10 años para poner en venta el inmueble, también se han planteado que la VPO nunca entre en el mercado libre, por lo que el parque de viviendas públicas se incrementará. Para ello la VPO será vendida o bien al precio de la VPO más cara del  momento o bien a un precio que resultara de aplicar el incremento acumulado del IPC desde que se adquirió la vivienda.

Otra iniciativa para evitar el fraude será crear un registro de vendedores y demandantes de VPO, el cual correrá a cargo de las CCAA. Este registro actuará de intermediario entre ambas partes.