Durante el último mes se han alzado voces de alarma ante la inclusión de un artículo que contempla las expropiaciones forzosas en la futura Ley del Suelo. La Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, quiso dejar claro que el documento actual era un borrador que se está trabajando con los diferentes grupos sociales y profesionales implicados y con las Comunidades Autónomas.  Trujillo explicó que “el Gobierno de España ni ha expropiado ni permite la expropiación de viviendas”, además indicó que este “está para aumentar el número de viviendas protegidas, para fomentar el mercado del alquiler y combatir la especulación del suelo”.

El artículo en cuestión al que se hace referencia al hablar sobre las expropiaciones, resulta ciertamente ambiguo, ya que no deja claro si las expropiaciones se pueden realizar sobre el suelo o también sobre las viviendas. El punto más delicado es el aumento de la cesión a los ayuntamientos del aprovechamiento de las plusvalías generadas en la reclasificación de terrenos de un 10% a un 15%, y por otro lado la posibilidad de aumentar en los municipios el suelo reservado que se destine a la promoción de VPO.

Guillermo Chicote, presidente de la APCE, consideró que la Ley del Suelo, de salir a delante con la redacción del borrador actual, resultaría peligrosa para la economía española ya que permitiría el aumento del porcentaje de cesión, la expropiación o la puesta en venta forzosa de los suelos que no se urbanicen o edifiquen en el plazo señalado. Para la Ministra, esta es una forma de acabar con la especulación y con la valoración del suelo rústico a precios de suelo urbanizable. La compra de suelo rústico es un método frecuente en los promotores que tienen en la adquisición de reservas de suelo una inversión para asegurarse la “materia prima” de su actividad, según lo aseguraba el propio Chicote el pasado 14 de noviembre a Expansión.