El mes de diciembre la Unión Europea volvió a dar un toque de atención al urbanismo valenciano, al considerar que el nuevo marco legal de la Ley Urbanística Valenciana no cumplía las recomendaciones europeas sobre los contratos públicos y la información que debía de publicarse en el Boletín Oficial de la Unión Europea. La UE señala que la ley no garantiza el concurso público transparente y objetivo ni tampoco la igualdad de condiciones para todos los que concursan.

El Parlamento Europeo aprobó el informe de la eurodiputada Jelly Fourtou y su solicitud de exigir una moratoria hasta que fuera aprobada la nueva ley en cuanto a la reclasificación de suelo no urbano en urbanizable para evitar abusos hasta que esta última entrara en vigor sustituyendo a la LRAU, cuya aplicación ha sido la causante de15.000 denuncias por abusos urbanísticos presentadas ante la Comisión de Peticiones de la UE.

Esta decisión no era vinculante y por lo tanto el Gobierno Valenciano no sería sancionado de no llevar a cabo esta recomendación. Sin embargo, el aviso que realizó el Parlamento Europeo tras una votación de mayoría absoluta instaba a las autoridades españolas a cambiar en el período de tres semanas aquellos aspectos de la ley que no se solucionan con el nuevo texto legal, de no cumplirse, denunciarían a la Generalitat Valenciana ante el Tribunal  de Justicia de Luxemburgo cuyas decisiones sí son vinculantes.

El Conseller de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana considera que la LUV acoge las recomendaciones europeas en cuanto a los puntos que son competencias de las Comunidades Autónomas, pero que “la LUV se remite escrupulosamente a la Ley Estatal en materia de contratación pública”. El mismo Blasco acusa al Gobierno central de no defender los intereses de la legislación española ante la Unión Europea, no obstante, considera que “el ultimátum es contra Moratinos y contra Zapatero”, además señala a los socialistas como culpables de la LRAU, ya que se aprobó en 1994 cuando gobernaba el PSPV. Pero el objeto legal en trámtite es la ley valenciana y no la estatal.

Por otro lado la Federación de Promotores de la Comunidad Valenciana, a través de su secretario general, Benjamín Muñoz se ha mostrado muy disgustada con la actitud de los políticos y cree que toda esta situación de incertidumbre puede afectar al sector, más aún si finalmente tuvieran que reiniciar los trámites de los PAI.