Del Rosal afirma en su  informe que “el numero de viviendas de protección pública existentes en la Comunidad Valenciana resulta insuficiente para cubrir todas las necesidades actuales” y esto “impide y dificulta más allá de lo razonable y aceptable el ejercicio del derecho constitucional de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna”.

Según el Sindic de Greuges, solo el 6,03% de las viviendas que se construyen en la Comunidad Valenciana son de protección pública; además, la situación es “muy dispar” en la comunidad, llegando al extremo de que en algunas de sus localidades no se ha construido ni una sola VPO en los tres últimos años mientras que en otras el número de estas ha sobrepasado al de las viviendas de renta libre.

Asimismo, se recrimina al Consell no haber seguido la recomendación de reservar “un porcentaje mínimo de suelo residencial para atender la demanda de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública” y se hace hincapié en la falta de colaboración de un número importante de Ayuntamientos, que no  facilitaron al Sindic los datos requeridos para la elaboración del informe.

Por otro lado, dos de los factores que preocupan al Sindic son que la “dispersión y complejidad normativa dificulta, aún más si cabe, el acceso a las ayudas por parte de unos colectivos sociales que no pueden disponer de un asesoramiento técnico adecuado” y que no existe actualización ni unificación en las listas de espera municipales, “no resulta posible conocer el número real de solicitantes de viviendas de protección pública en la Comunidad Valenciana” de modo que los Ayuntamientos ignoran las necesidades reales de vivienda existentes en sus municipios.

Además, el informe destaca que los ingresos obtenidos por los Ayuntamientos mediante enajenación de terrenos o sustitución del aprovechamiento urbanístico no se destinan a las viviendas de protección pública sino a la financiación de otras inversiones públicas: “compra de terrenos, dotaciones públicas, pago de expropiaciones y gastos de urbanización”. Respecto a esto, Del Rosal indica que la mayoría de Ayuntamientos “no nos ha detallado ni la cuantía de los ingresos obtenidos ni el destino que ha dado a los mismos”.
El Sindic recomienda, finalmente, la elaboración de un proyecto de ley que  establezca la aprobación de un reglamento autonómico que regule los requisitos para acceder a la Bolsa de Viviendas vacías existentes en el mercado, así como emprender líneas concretas de actuación con los colectivos sociales más desfavorecidos.