El proyecto de la Ley de Suelo y Valoraciones plantea diferentes soluciones al problema de la vivienda desde su materia prima. La ley obligará a crear una reserva de suelo para promoción de viviendas protegidas del 25%, lo que afectará tanto al patrimonio municipal como a las nuevas actuaciones residenciales. Este hecho garantizará contar con unas bolsas de suelo para construir viviendas a precios asequibles. Otro de los objetivos de esta medida es evitar la fragmentación social con núcleos adinerados y otros pobres, ya que al requerir que las nuevas urbanizaciones incluyan VPO se fomenta la diversidad de vecinos.

Por otro lado las 15 Comunidades Autónomas ya cuentan con reservas mínimas, algunas con cantidades más elevadas (País Vasco 60%, Madrid y Castilla La Mancha 50%), y la nueva Ley Urbanística Valenciana ya lo fija en esta cantidad para aquellas poblaciones de más de 10.000 habitantes.

 Por otro lado la misma ley tratará de combatir la especulación a través de la regulación de la venta o sustitución forzosa de los solares urbanizables que estén sin edificar ya sean públicos o privados, para que sean utilizados para los usos para los que fueron ordenados.