La entrada en vigor de la Ley Urbanística Valenciana el 1 de febrero de este año obliga a 15 municipios castellonenses a revisar sus Planes Generales de Ordenación Urbana para adaptarse a los requisitos de la nueva ley.
Cada uno de los municipios deberá iniciar un concierto previo para elaborar un nuevo Plan General que incluya las garantías ambientales que exige el nuevo marco jurídico.
El conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco advirtió que las Comisiones Territoriales de Urbanismo de su Conselleria se ajustarían a criterios estrictos para exigir contrapartidas ambientales en cumplimiento con la LUV.

De esta manera, los municipios deberán realizar un estudio de Paisaje para determinar aquellos paisajes que consideren que necesitan ser protegidos y qué medidas pretenden aplicar para preservarlos. Otro estudio exigido será el de Vivienda, en el cual deberá determinarse qué cantidad de vivienda protegida y en qué ubicaciones se demanda en la población.

Los municipios deberán garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad suficientes y justificarlo con su debido estudio para poder aprobar el PGOU, finalmente también será necesario un Estudio de Impacto Ambiental.
Las zonas verdes de las ciudades que tienen que elaborar de nuevo su PGOU se ampliarán a 10 m2 por habitante.

 
Las poblaciones castellonenses obligadas a realizar nuevos PGOU son Almenara, Artana, Betxí, Borriol, Cabanes, Les Alqueries, Moncofa, Chilches, Onda, Peñíscola, Sant Jordi, Segorbe,  Torreblanca y Vall d’Alba y Vila-Real.