El anteproyecto de la nueva Ley de Suelo, aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de julio, propone un régimen de valoraciones mediante el cual las tasaciones se realizarán teniendo en cuenta el uso y la situación actual de ese suelo evitando que pueda alterarse por expectativas que no se hayan cumplido, especialmente cuando se trate de suelo rústico. De esta manera se evitan los fines especulativos en las valoraciones de suelo, principal factor en el incremento del precio de la vivienda.

La nueva ley contempla la obligatoriedad para el agente urbanizador de ceder al Ayuntamiento, sin cargas adicionales, entre un 5% y 15% del suelo para destinarlo a zonas dotacionales, además de otro 25% para la construcción de VPO. Esta medida afectará a las ciudades de más de 10.000 habitantes.

La iniciativa no ha gustado a la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) que, según su portavoz, considera que los Ayuntamientos no siempre destinan las cesiones a la construcción de VPO y que, en ocasiones, subastan el suelo obtenido de esta manera para financiar otras necesidades. Por otro lado, estiman que doblar las cesiones de suelo puede duplicar el coste de las viviendas.

La nueva ley pretende dotar al proceso de planeamiento de mayor transparencia pública. Contempla la obligatoriedad de redactar un informe ejecutivo de las actuaciones previstas y los usos establecidos en los programas, con un lenguaje suficientemente legible para la ciudadanía. Establece un período de 20 días para que ésta se informe y participe de la organización del territorio.