La Comisión Europea volvió a lanzar a mediados del mes pasado un ultimátum a la Administración autonómica para que modificara la Ley Urbanística Valenciana (LUV), al considerar que incumplía la legislación comunitaria en materia de contratación pública y que no remediaba las posibilidades de infracción detectadas en la derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). Según informó la Unión Europea en un comunicado, la Comisión remitió a las autoridades españolas un dictamen en el que instaba a la Generalitat a velar por una economía de mercado abierta y por una libre competencia, como establece el artículo 226 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
Si el Consell vuelve a hacer caso omiso a las peticiones europeas, la Comisión llevará dicho incidente ante el Tribunal de Justicia de la UE. Ahora, la Generalitat dispone del plazo de un mes para adaptarse a las directivas comunitarias. La Unión Europea ya señaló, en diciembre del pasado año, que la LRAU incumplía las directivas en materia de contratación y no garantizaba la publicidad y concurrencia para adjudicar programas urbanísticos.
Otra de las deficiencias de la LUV que expone Europa es que la ley valenciana deja abierta la posibilidad de aumentar el precio del contrato tras la selección del agente urbanizador.
Sin embargo, la secretaria autonómica de Territorio, Cristina Serrano, afirmó que “la legislación valenciana en materia de contratación pública se basa en el marco constitucional, dado que la competencia para dictar la legislación básica en esta materia corresponde al Estado, según el artículo 149 de la Constitución”. Además, el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons aseguró que “la Generalitat estudia llevar a los tribunales a la Comisión Europea y ya ha acudido al Defensor del Pueblo europeo por la manipulación que supuestamente el Gobierno Central ha realizado sobre el informe urbanístico autonómico antes de enviarlo a la Comisión Europea”
La Comisión Europea volvió a lanzar a mediados del mes pasado un ultimátum a la Administración autonómica para que modificara la Ley Urbanística Valenciana (LUV), al considerar que incumplía la legislación comunitaria en materia de contratación pública y que no remediaba las posibilidades de infracción detectadas en la derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). Según informó la Unión Europea en un comunicado, la Comisión remitió a las autoridades españolas un dictamen en el que instaba a la Generalitat a velar por una economía de mercado abierta y por una libre competencia, como establece el artículo 226 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
