La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) presentó un decálogo de medidas contra la corrupción urbanística el pasado mes, durante el XXV Coloquio Nacional de Promotores Constructores en Madrid. Según el decálogo, para acabar con la corrupción se deben eliminar las circunstancias que la hacen posible. A este efecto, la APCE ha propuesto varias acciones para abolir los abusos y los favoritismos.
El decálogo de la patronal indica, en primer lugar, que hay que evitar la “discrecionalidad extrema” que las leyes atribuyen a los Ayuntamientos y que les permite consentir la excepción, es decir, deberían limitarse las competencias para que no se puedan cambiar ni la clasificación ni la calificación del suelo mediante convenios municipales. En segundo lugar, creen conveniente impedir que se solicite a los urbanizadores más prestaciones que las previstas en la Ley, “si los Ayuntamientos no pueden pedir más que lo establecido, nadie querrá pagar gratificaciones”. Además, se debe agilizar el proceso de tramitación y aprobación de los planes urbanísticos, para que nadie “sienta la tentación de pedir recompensa por adelantar un expediente concreto”.
Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Empresas Constructoras de Castellón (APECC), Rafael Doménech asegura que para acabar con la corrupción es necesario algo más que un decálogo, “no sólo con consejos el mundo se transforma, se precisa además de la buena voluntad”, declaró. Por otro lado, Doménech denuncia que “el sector urbanístico está siendo injustamente tratado por unos pocos que pueden haber actuado indebidamente”.
