El Congreso de los Diputados aprobó el dictamen del Proyecto de Ley de Suelo el pasado 1 de marzo. La norma continuará ahora su tramitación en el Senado y entrará en vigor, probablemente, el próximo 1 de julio.

El proyecto recoge como principales objetivos “la transparencia y el control, un urbanismo sostenible, la calidad de vida y la participación ciudadana”, según declaró la ministra de Vivienda, Maria Antonia Trujillo en su intervención ante el Congreso.

La ministra destacó que, a partir de la entrada en vigor de la Ley, será obligatorio que todos los convenios urbanísticos y permutas de terrenos sean acordados por el pleno municipal. Además, aseguró que la Ley de Suelo supondrá “un cambio de rumbo en materia de ordenación urbanística y suelo absolutamente oportuno y necesario que contribuirá a favorecer el acceso a la vivienda, garantizar un urbanismo más transparente y sostenible, y combatir la especulación y la corrupción”.

Otra novedad del Proyecto es el aumento del porcentaje mínimo de reserva de suelo para vivienda protegida del 25% al 30%. También es novedoso que entre las obras, que deben costear las actuaciones urbanizadoras, podrán incluirse las infraestructuras de transporte público. Asimismo, los desarrollos urbanísticos se someterán a una evaluación ambiental previa en los que los informes de agua, costas y carreteras ya no serán condición preceptiva sino determinante para el contenido de la memoria ambiental.