La superficie mínima de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) registradas en España el último trimestre de 2005 era inferior a los 50 m² en 24 de las 52 provincias españolas, mientras que la superficie máxima supera los 100 m² en todas ellas, según los datos del estudio sobre distribución de la superficie elaborado por el Ministerio de Vivienda. Por otra parte la superficie media de las VPO en las mismas fechas apenas supera los 94 m².

Según este estudio, entre las 24 provincias cuya superficie mínima no alcanza los 50 m² se encuentran las de la Comunitat Valenciana (Alicante y Valencia), Andalucía (Almería, Granada, Málaga y Sevilla), Castilla y León (Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora), Galicia (A Coruña, Lugo y Ourense) y las Islas Canarias (Las Palmas y Tenerife). Baleares, Barcelona, Cáceres y Ciudad Real son casos aislados dentro de sus comunidades autónomas, aunque tampoco llegan a los 50 m².

Entre las provincias con las superficies mínimas inferiores se hallan Zamora (26 m²), Alicante (30,6 m²) y Lugo (31 m²), mientras que las viviendas con mayor superficie se ubican en Pontevedra y Almería, con 130 m² de superficie máxima en ambos casos.

En cuanto a la provincia de Castellón, la superficie mínima registrada es de 50 m², mientras que la máxima alcanza los 128 m². Por su parte, la superficie media registrada para esta provincia es de 92,9 m², un 1,2% menos que la media nacional.

Sobrecostes en VPO

La Unión de Consumidores y Usuarios de Castellón (UCE) recibe habitualmente denuncias por sobrecostes en VPO debido a la exigencia, por parte de algunas empresas promotoras, de cantidades superiores al precio inicialmente tasado. Una de las denuncias por sobrecostes en VPO tramitadas desde la UCE se realizó en mayo de 2004, momento en que los afectados llegaron a pagar más de 30.000 euros por encima del precio de tasación de su vivienda.

Tres años más tarde, tiempo legal estimado para resolver la denuncia, la resolución continúa pendiente. El presidente de la UCE, Juan Carlos Insa, explica las razones del nuevo escrito presentado a la Conselleria de Territori i Vivenda el pasado mes de abril. “Nuestra crítica hacia la Conselleria se centra en la tardanza en resolver el expediente, ya que desde mediados de diciembre no se ha resuelto nada en relación con una prueba solicitada que nos permitiría demostrar los hechos denunciados”, argumentó Insa.