El sector inmobiliario ha experimentado durante el último año una serie de cambios que han ido perfilando la situación actual de la vivienda en España dejando un legado de nuevas leyes, proyectos y controversias.
A nivel autonómico, la Propuesta para la gestión y regulación del suelo que propone la Ley Urbanística Valenciana (LUV) ha motivado, a lo largo de los últimos doce meses y hasta en tres ocasiones, las advertencias por parte de la Comisión Europea (CE) de que dicha ley no se ajustaba a la normativa europea en lo referente al contenido y la publicidad de los anuncios de licitación de los proyectos urbanísticos. La principal discrepancia entre Europa y la Comunitat Valenciana es que Bruselas considera que los Programas de Actuación Integrada (PAI) son contratos públicos de obras o servicios, mientras que el Gobierno Valenciano defiende que no lo son y que por tanto la LUV no infringe la legislación comunitaria. El pasado mes de junio, la CE denunció las irregularidades de la LUV ante el Tribunal Superior de Justicia, si finalmente Luxemburgo condena a la Comunitat la LUV debería modificarse.
Cambio en la cartera de Vivienda
En lo que lleva de legislatura, el Ministerio de Vivienda ha llevado a cabo diferentes proyectos con el objetivo de impulsar el mercado inmobiliario. Algunas de estas medidas son la construcción de “los minipisos”, pensados para solventar el acceso a la vivienda a estudiantes; y la creación de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), un programa basado en ayudas destinadas a los propietarios para rehabilitar su vivienda y su posterior arrendamiento. La principal apuesta del Gobierno es la Ley de Suelo puesta en vigor el pasado 1 de julio coincidiendo con el cambio de titularidad al frente del Ministerio de Vivienda. Así, María Antonia Trujillo cedió su puesto a Carme Chacón, la encargada de retomar las actuaciones con el objetivo de acabar con la especulación y la corrupción urbanística. Según sus palabras, el principal objetivo de la nueva ministra de Vivienda, Carme Chacón, será facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes para que “el precio de la vivienda no trunque ningún proyecto de vida”.
Así, entre los asuntos pendientes, destacan la presentación ante el Consejo de Ministros del proyecto Ciudad Joven, para rehabilitar hasta 20.000 viviendas de alquiler para jóvenes a precios asequibles; o la creación de un mayor parque de viviendas de alquiler que, según anunció Trujillo, será el eje del próximo Plan de Vivienda 2009-2012.
Otra de las reformas, que ha tenido lugar en el sector inmobiliario y de la que tendrá que responsabilizarse la nueva ministra es la aplicación del Código Técnico de Edificación (CTE), aprobado en el Consejo de Ministros en marzo de 2006. Esta medida está concebida dentro del Plan de Acción 2008-2010 de Ahorro y Eficiencia Energética que tiene como objetivo procurar un mayor ahorro de energía y velar por la sostenibilidad social, económica y ambiental. Todas las construcciones iniciadas a partir del mes de marzo de 2007 ya poseen el Certificado de Eficiencia Energética, adaptándose así a las normativas comunitarias sobre medio ambiente.
‘Stop’ a la subida de precios
Más allá de leyes y proyectos, el protagonista del año ha sido el precio de la vivienda libre que ha aumentado un 7,4% en el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2006, según los datos del estudio realizado por la Sociedad de Tasación el pasado mes de julio. Este informe evidencia que los precios siguen subiendo aunque de una forma más moderada.
El sector inmobiliario ha experimentado durante el último año una serie de cambios que han ido perfilando la situación actual de la vivienda en España dejando un legado de nuevas leyes, proyectos y controversias.
