El Ministerio de Vivienda presentó a finales del pasado mes de septiembre en el Consejo de Ministros el conjunto de medidas de apoyo a la emancipación e impulso del alquiler, elaborado conjuntamente con el Ministerio de Economía y Hacienda y en colaboración con el Ministerio de Justicia.
El paquete de medidas incluye iniciativas de estímulo tanto de la oferta como de la demanda del mercado del alquiler con la intención de equilibrarlo con el de la vivienda en propiedad, ya que el alquiler representa actualmente el 11% del total del parque de viviendas español mientras que en Europa la media se sitúa entorno al 40%.
Estímulo de la demanda
La primera de las medidas adoptadas apoya a la emancipación estableciendo una renta mensual para los jóvenes entre 22 y 30 años de 210 euros mensuales, que se concederá tanto a los antiguos como a los nuevos inquilinos, durante un máximo de cuatro años. Para poder adherirse a esta medida, los jóvenes deben ser titulares del contrato de arrendamiento y tener unos ingresos inferiores a los 22.000 euros brutos anuales. Además, el Gobierno asumirá el coste financiero de un aval de seis meses y otorgará un préstamo sin intereses de 600 euros para la fianza del inmueble. La renta de emancipación es compatible con las deducciones por alquiler y con las subvenciones, ayudas o beneficios fiscales que conceden las comunidades autónomas.
Otra de las medidas es la deducción fiscal por alquiler del 10,05% (con un máximo de 9.015 euros) que podrán solicitar aquellos inquilinos cuyos ingresos brutos anuales no superen los 28.000 euros, independientemente de su edad. Dicha iniciativa es compatible con la renta de emancipación y con las ayudas vigentes del Plan Estatal de Vivienda.
Durante el primer año la renta de emancipación beneficiará a 360.000 jóvenes y la deducción fiscal a aproximadamente 700.000 familias españolas, según las estimaciones del Ministerio de Vivienda. Estas medidas, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2008, suponen una inversión gubernamental de 436,5 millones de euros y de 348 millones de euros respectivamente.
La última iniciativa dirigida a la demanda es la eliminación de los condicionantes de superficie máxima de la vivienda y las restricciones sobre el precio del arrendamiento de las actuales ayudas a los inquilinos del Plan de Vivienda, medida incompatible con la renta de emancipación.
Mejora de la oferta actual
Para impulsar la oferta de alquiler el Gobierno ha decidido crear 10 nuevos juzgados especializados en las ciudades de mayor saturación y ha propuesto una reforma del proceso judicial para agilizar los desahucios y la reclamación de rentas impagadas.
Por otra parte, dentro del Plan de Vivienda se ha optado por modificar las ayudas a los propietarios de viviendas vacías, suprimiendo la limitación de 120 m2 de superficie útil máxima del inmueble y la condición sobre el uso de la subvención, de 6.000 euros, además de incrementar a 1.245€/mes la renta máxima por alquiler. Estas medidas son compatibles con la exención fiscal del 50% en todos los casos y del 100% para alquileres a menores de 35 años.
Otra de las nuevas actuaciones dentro del Plan se refiere a la concesión de incentivos para viviendas ya construidas para alquiler protegido, con préstamos a bajo interés y subvenciones de entre 6.000 euros y 11.700 euros dependiendo de la ciudad donde se ubiquen, así como al fomento de la construcción de vivienda para alquiler en futuros procesos de remodelación y renovación urbana.
Para impulsar la construcción de vivienda protegida (VPO) en alquiler, el Gobierno ha puesto en marcha un acuerdo entre la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para promover la urbanización de suelo destinado a este tipo de inmuebles. También se ha considerado la posibilidad de utilizar suelo del Programa Viva, que contempla la construcción de casi 6.000 VPO en siete municipios españoles, y otros suelos del SEPES para su construcción, además de ampliar la actual dotación de suelo estatal para incrementar el parque de VPO tanto de alquiler como de compra.
Por su parte, la Sociedad Pública de Alquiler llevará a cabo dos nuevas actuaciones. La primera consiste en la extensión de su actividad de mediación con grandes operadores privados en materia de alquiler, mientras que la segunda presenta el nuevo servicio de Alquiler Seguro, que incluye seguro multirriesgo, contra impago y asistencia jurídica.
En cuanto a los nuevos beneficios fiscales para los propietarios, el Ministerio de Vivienda ha propuesto la aplicación del IVA al 4% para las viviendas de nueva construcción destinadas al alquiler de renta básica a 25 años, además de ampliar los beneficios a las Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria, que si promueven VPO en alquiler, podrán acogerse a la tributación del 1% del Impuesto de Sociedades con una capacidad de financiación ajena que pasa del 50% al 80%.
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