En enero la Conselleria anunció que iba a elaborar una nueva orden que reglamentará la memoria justificativa sobre previsión de VPO que deberán cumplir los futuros Planes Generales de Ordenación Urbana. Esta orden se anticipa a los requisitos de la futura Ley Urbanística Valenciana que obligará a los municipios de más de 10.000 habitantes a destinar el 10% de cesión del desarrollo urbanístico a la construcción de VPO.

También acordó con UGT-PV un convenio de colaboración que contemplaba la construcción antes de 2008 de un total de 1.500 VPO. Estas viviendas irán destinadas a colectivos con rentas bajas y a jóvenes hasta los 35 años que buscan su primera vivienda. La colaboración entre ambos, la institución y el sindicato, implica para este convenio tanto la compra de suelo para la construcción de estas viviendas como la promoción y la información de éstas a las personas interesadas.

A mitad de febrero fueron las promotoras el objetivo de las negociaciones. La crifra de este tipo de VPO en ejecución en la Comunidad Valenciana alcanza las 2.300 gestionadas por 36 empresas privadas, además se espera la aprobación de los proyectos de otras promotoras. Esta política de fomento de las VPO permitirá contener la subida de los precios de la vivienda y facilitará a las familias con menos recursos acceder a viviendas dignas.

Sólo en Castellón se están construyendo 537 viviendas protegidas, crifa que la sitúa a la cola de la Comunidad Valenciana en este tipo de iniciativas.