Este nuevo organismo, aprobado por el Consejo de Ministros, tendrá como función buscar suelo patrimonio del Estado que no esté destinado a servicios públicos, de modo que pueda utilizarse en la construcción de viviendas protegidas. La Comisión recopilará información sobre terrenos disponibles en los diferentes ministerios. Será prioritario el acuerdo entre las administraciones públicas estatales, autonómicas y locales para dinamizar el uso de suelo público y se prevé un seguimiento de los proyectos urbanísticos derivados de esta iniciativa.