El plan, que tendría una duración de dos años, supondría un coste anual para las arcas públicas de 10.570 millones según el presidente del IEF, Simón Pedro Barceló y reportaría un ahorro directo de 8.270 millones de euros para las empresas, sobre todo a pymes. Barceló insistió en que el valor de estas propuestas se centra en su inmediatez, en vista de que el Gobierno no es consciente de las necesidades de las pymes, "están pensadas para tener efectos inmediato, frente a las del Ejecutivo, que tardarán en dar frutos entre seis y ocho meses", apuntó.

En el primer capítulo, el Instituto reclama que se multiplique por cinco la dotación del ICO hasta los 50.000 millones para aportar mayor liquidez a las empresas. La medida más costosa, que supondría la mitad de la factura para el Estado, sería la rebaja de dos puntos en las cotizaciones sociales que se pagan a la Seguridad Social, con un coste cercano a los 5.800 millones de euros. El IEF también propone un recorte de diez puntos en el caso de los contratos de nueva creación siempre y cuando se generen cerca de 100.000 puestos de trabajo, el coste sería de 240 millones de euros.