La ministra Beatriz Corredor quiere acabar con la sucesión de promociones de vivienda protegida (VPO) que comienzan a quedarse sin compradores, el equipo de Corredor insiste en que se tenga en cuenta el porcentaje de ingresos que destina cada hogar al pago de la hipoteca, que el nuevo plan aconseja que no supere el 30%, aunque la banca interpreta esto como un intento de quitarles la potestad de decidir a quién otorgan un crédito, se muestran optimistas y consideran que el consenso se logrará en breve plazo.

De hecho, el Consejo de Ministros aprobó el viernes un acuerdo por el que se autoriza a la ministra de Vivienda la firma de convenios de colaboración con las comunidades y ciudades autónomas para la ejecución del plan estatal 2009-2012 y se fija el volumen de recursos financieros para instrumentarlo en un total de 10.188 millones de euros para favorecer a cerca de un millón de familias. Estos convenios, de los que ayer se suscribió el primero con Cataluña, permitirán la puesta en marcha del programa cuatrienal porque es en ellos donde se concretan las actuaciones que se llevarán a cabo en cada región. El Gobierno no sólo contempla contribuir a frenar la destrucción de empleo mediante la construcción de más vivienda protegida de calidad, sino que también prevé ayudas para movilizar el ingente parque de casas nuevas que no encuentran comprador.