Las constructoras han solicitado al Ministerio de Fomento mayores garantías y mejoras normativas para participar en el plan extraordinario de inversión en infraestructuras de 15.000 millones de euros que el departamento que dirige José Blanco prevé desarrollar hasta final de legislatura. Las constructoras argumentan que en el actual contexto económico es más difícil obtener financiación para obra pública, dado que los bancos consideran como factores de riesgo elementos que hasta ahora no lo eran, como la previsión de tráfico de una vía.

El sector ve necesario un sistema de avales del Estado que podría articularse a través del ICO, o préstamos participativos, créditos con un periodo de carencia que permite adecuar su amortización a los ritmos de la obra. En paralelo, solicitan "mejoras cualitativas" en la legislación sobre la participación privada en obra pública y en los pliegos de contratos.