El Nuevo Plan de Vivienda que tendrá vigencia durante el periodo 2005-2008 fue aprobado el 1 de julio por el consejo de ministros. El Plan prevé 180.000 actuaciones al año, con un coste de 6.822 euros a distribuir en 28 años y unos 33.000 euros en préstamos.

Las fórmulas que se han establecido determinan las actuaciones en materia de vivienda  protegida nueva y de segunda mano en arrendamiento o alquiler, la denominada “vivienda joven”,  se establecen las directrices de colaboración con las Comunidades Autónomas, así como los subsidios y ayudas directas.

Este Plan ha sido elaborado en consenso con los  responsables de vivienda de todas las Comunidades Autónomas, la Federación de Municipios y Provincias, así como las asociaciones y organizaciones más representativas del sector. El Plan presta una atención especial a los colectivos más desfavorecidos y con mayores difilcutades para acceder a la primera vivienda (familias numerosas, familias monoparentales, jóvenes menores de 35 años, víctimas de la violencia de género y del terrorismo, personas con discapacidad -novedad respecto a planes anteriores-, y mayores de 65 años), incluye también la fórmula de viviendas concertadas para aquellos que no pueden acceder a una vivienda de renta libre ni a una de protección oficial (fórmula que ya había sido aprobada por el Consell en el mes de abril aunque con algunas matizaciones).

Para beneficiarse de las ayudas de protección oficial es condinción indispensable que los ingresos familiares del solicitante no superen 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y en el caso de la vivienda concertada se fija el límite en 42.750 euros al año.

Las ayudas económicas a la compra de una vivienda se centran en un primer lugar en el pago de la entrada del inmueble para lo que el Plan establece unas cuantías de entre 7.900 y 4.900 euros para los colectivos desfavorecidos y en el caso de las familias numerosas en función del número de hijos podrán obtener ayudas de entre 8.200 y 11.200 euros. Aparece la figura de los préstamos convenidos, que serán concedidos por entidades de crédito que hayan suscrito convenios con el Ministerio de Vivienda en esta cuestión.

El alquiler recibe también un fuerte impulso con ayudas tanto a inquilinos como a arrendadores, los inquilinos que cumplan los requisitos para acceder a ayudas de protección oficial podrán percibir hasta 2.880 euros al año durante un periodo de cinco años como subsidio a las rentas mensuales del alquiler. El propietario por otro lado percibirá ayudas de hasta 6.000 euros siempre y cuando pretenda rehabilitar una vivienda para ponerla en alquiler o contratar seguros para tal efecto.

Se han incluído los polémicos “minipisos” bajo la denominación de “vivienda joven”, estos pisos protegidos de entre 30 y 45 m2 destinados a los jóvenes hasta 35 años, estarán sujetos a las características específicas de las legislaciones de cada Comunidad Autónoma.

Otro aspecto a destacar de este plan son las iniciativas contra el fraude, para lo que se establece un periodo mínimo de 10 años  que deben de transcurrir desde la adquisición de un inmueble de protección oficial para poder venderlo siempre bajo la tutela de las Comunidades Autónomas; el régimen de protección de la vivienda se fija en 30 años, considerándose ésta la duración de la vida útil del inmueble. Además será obligatorio que los inmuebles estén suscritos a los registros públicos de VPO y que los compradores o inquilinos estén inscritos en una bolsa oficial de demandantes.